Por Elizabeth Salazar, Ignacia Velasco, Isaías Morales, Bruno Scelza, Federica Pérez, Ricardo Balderas y Florencia Rodríguez Altube.

Las huellas de la Covid-19 en la salud mental se ven reflejadas en las graves secuelas neurológicas que padecen algunos sobrevivientes, y en el incremento de la prevalencia de la ansiedad y depresión, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) creció 25% en el primer año de pandemia. El estigma hacia los trastornos de este tipo, el reducido número de profesionales, la poca inversión estatal y la dificultad para acceder a medicamentos básicos son algunas de las trabas señaladas por la OMS para brindar una respuesta integral a las necesidades de la población.

En este contexto, la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta) analizó los presupuestos destinados a cuidar la salud mental en algunos países de la región, y realizó pedidos de acceso a la información pública para conocer la inversión que se destinó a las compras de psicofármacos entre 2017 y 2021. Como resultado de ello, se identificó el uso frecuente de adjudicaciones sin competencia, procesos ganados por postores únicos y concursos en los que compiten subsidiarias de un mismo grupo económico.

Los documentos revisados por el equipo integrado por OjoPúblico, de Perú; LaBot, de Chile; Ojoconmipisto, de Guatemala; la diaria, de Uruguay; PODER, de México, y La Nación, de Argentina también permitieron conocer la distribución de recursos asignados al tratamiento de afecciones mentales y detectar una concentración de autorizaciones para vender los medicamentos, además de contratos con compañías sancionadas por malas prácticas corporativas.

En Chile, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) reportó una inversión de USD 124 millones en la compra de 35 medicamentos considerados esenciales para la salud mental. En Perú, en el mismo periodo, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) del Ministerio de Salud (Minsa) destinó USD 12,7 millones para adquirir 26 tipos de fármacos, a través de compras corporativas masivas. Guatemala, por su parte, registró contratos de medicamentos por USD 1,1 millones en el Hospital de Salud Mental Federico Mora, que es el principal gestor de estas operaciones.

En el caso de Uruguay, a través del Registro Único de Proveedores (RUPE) se pudo conocer cuáles son las empresas que abastecieron al país con los 10 psicofármacos de mayor demanda, los cuales están incluidos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM). Los contratos se realizaron entre marzo de 2020 y mayo de 2022, y sumaron USD 1'037.400. En México, en tanto, solo se accedió a los procesos de compra de 16 medicamentos esenciales gestionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre 2019 y 2022, por un valor de USD 2,9 millones.

En Argentina, mientras tanto, el Ministerio de Salud respondió que la Dirección de Compras y Contrataciones no contaba con procesos culminados en el periodo solicitado, excepto una licitación que está en trámite por un valor de USD 299.415, que incluye seis medicamentos. Sin embargo, la Red Palta identificó que en 2020 y 2021 el Estado argentino sí adquirió psicofármacos con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El dinero que invierte América Latina en estos medicamentos es una porción de los recursos con los que cuentan los gobiernos para atender la salud de la población con trastornos mentales, pues el gasto público se distribuye también en servicios, infraestructura y pagos de planilla. El monto que se asigna a este sector es, a su vez, una ínfima parte de los recursos que reciben los Ministerios de Salud de cada país.

El último Atlas de Salud Mental, elaborado por la OMS en 2020, revela que el promedio de inversión global para el tratamiento de las afecciones mentales es menor a USD 1 por persona en los países de bajos ingresos, y de hasta USD 52 en las economías de mayores ingresos. Según el informe, en general, el gasto gubernamental para la atención de estas enfermedades representa apenas el 2,1% de los presupuestos que se asignan cada año al sector salud.

Por ejemplo, en Chile las partidas presupuestales de este año muestran que los recursos del sector salud son de USD 13.741 millones, lo que equivale a unos USD 693 por persona, pero lo destinado a la atención de trastornos mentales es de solo USD 110 millones, lo que hace un estimado de USD 6 per cápita. En Perú, la información de los ministerios de Salud y Economía muestran que el presupuesto para la salud general es de USD 8.345 millones, en otras palabras, unos USD 378 por persona. Lo reservado para las afecciones mentales, sin embargo, suma USD 150'481.393, es decir, USD 5 por cada cada ciudadano.

En Guatemala, según el portal del Ministerio de Finanzas Públicas, la inversión del sector salud para el 2022 es de USD 1.656 millones, por lo que se calcula en USD 94 el gasto per cápita. En México, en paralelo, los datos de la organización civil Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) muestran que los recursos para la salud son de USD 33.178 millones, equivalente a USD 259 para cada persona. Ambos países carecen de un presupuesto específico para salud mental.

Lo mismo sucede en Uruguay, pues si bien los datos del Ministerio de Economía y Finanzas muestran que se dispone de USD 2.158 millones para atender la salud de la población (alrededor de USD 609 por habitante), hasta la fecha no se han reservado los recursos prometidos desde 2017 en la Ley de Salud Mental (N° 19.529) para cubrir las afecciones mentales.

En Argentina, la data del Ministerio de Economía confirma que el presupuesto prorrogado que se destina a la salud es de USD 4.605 millones (USD 99,60 por cada ciudadano). Si bien este país cuenta con partidas dispersas en diferentes entidades para atender la salud mental, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ha calculado que los recursos de las cuatro principales instituciones del Estado que invierten en ese rubro equivale a un gasto per cápita de USD 1,3. En más de una década no se ha logrado superar el 2,2% de este presupuesto, pese a que la Ley Nacional de Salud Mental, del 2010, indica que dicho sector debería recibir el 10% del gasto total de salud.

Chile: grupos económicos y proveedores únicos

En Chile, las compras públicas de medicamentos son consolidadas por la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), una entidad que depende del Ministerio de Salud. Entre los años 2017 y 2021, dicha institución gestionó USD 124 millones de los USD 138 millones que se invirtieron en fármacos para la salud mental, según datos extraídos hasta abril de este año. Con estos recursos se consiguieron 35 tipos de productos de la Canasta Esencial de Medicamentos (CEM), entre ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, benzodiacepinas y estabilizadores del ánimo, en 76 presentaciones distintas.

Estas compras fueron contratadas a 63 empresas en 350 procesos públicos, siendo la principal modalidad la licitación pública, un mecanismo diseñado para incentivar la competencia. Sin embargo, se identificó que el 21% de estos acuerdos, valuado en USD 33 millones, fue entregado a proveedores únicos y a compañías que pertenecen al mismo grupo económico.

Una de ellas es Laboratorios Sanderson S.A., entidad chilena del grupo alemán Fresenius Kabi, y proveedor exclusivo de los antipsicóticos inyectables clorpromazina de 25 mg y haloperidol 5 mg, desde 2017 a 2020; y del ansiolítico lorazepam inyectable de 4 mg entre 2018 y 2020. En casi todos los procesos de selección su único competidor fue Laboratorio Biosano S.A., su socia en una trama de colusión para manipular las licitaciones de medicamentos inyectables que convocaba la Cenabast.

Los hechos ocurrieron entre 1999 y 2013, pero recién en enero de 2020 la Corte Suprema de Chile confirmó que Laboratorio Biosano, Laboratorios Sanderson y Fresenius Kabi Chile —filial de Sanderson— formaron un cartel para concertar sus ofertas en concursos públicos que se convocaron para proveer de inyectables al sector salud. Las dos últimas empresas fueron sancionadas con el pago de USD 15 millones, pero Laboratorio Biosano se salvó de la multa porque se acogió a un programa de delación.

De acuerdo con los datos analizados por la Red Palta, entre 2017 y 2021, estos tres laboratorios suscribieron contratos por USD 9,9 millones para vender inyectables que se emplean en tratamientos psiquiátricos.

Incluso después de conocerse la sentencia este trío de empresas se adjudicaron 29 contratos. Uno de estos fue la licitación de haloperidol inyectable de 5 mg, en octubre de 2020, donde los únicos competidores fueron Sanderson y Biosano, a pesar de que en el Registro de Proveedores del Instituto de Salud Pública existen otros dos oferentes autorizados. En el caso del antipsicótico inyectable clorpromazina 25 mg —que también registra adjudicaciones con fecha posterior a la condena— las únicas habilitadas para venderlo en el país son las empresas que participaron de la colusión.

Otro producto que Sanderson y Biosano lograron vender al Estado tras la sentencia fue midazolam, un ansiolítico recetado en urgencias psiquiátricas, y que fue utilizado para sedar a pacientes con coronavirus que requerían ser intubados. En 2020 y 2021, ambas empresas facturaron USD 5,9 millones por este fármaco. De ese total, USD 4,4 millones los consiguieron a través de 18 tratos directos, autorizados en el contexto de la pandemia.

La legislación chilena sobre libre competencia considera entre sus posibles sanciones la inhabilitación temporal para contratar con el Estado a empresas sentenciadas por colusión, pero solo aplica para los casos posteriores a 2016. Por ello Sanderson, Biosano y Fresenius no están incluidos. El jefe del Departamento de Operaciones y Abastecimiento de la Cenabast, Jaime Espina Ampuero, confirmó que, si no se determina la inhabilitación, las normas de contratación pública no consideran este tipo de antecedentes en los criterios de evaluación.

El investigador y analista de datos del Observatorio Fiscal de Chile, José Mora, considera que conductas como la colusión deberían ser consideradas entre los requisitos para calificar a los proveedores, pero estos son de carácter contractual. “El mal comportamiento del proveedor está relacionado con cosas que afectan las garantías de las licitaciones, como incumplimientos en la entrega del producto o retrasos”, explicó.

{{< figure class="max-w-lg mx-auto" src="/images/negocios-salud-mental/imagen-1.png" caption="CHILE. Entre 2017 y 2021 la Cenabast gestionó USD 124 millones de los USD 138 millones que invirtió el país en fármacos para la salud mental. Ilustración: OjoPúblico / Claudia Calderón" >}}

Además de proveedores con condenas confirmadas, en la revisión de los contratos se identificaron compañías que tienen el monopolio de venta de determinados productos con la Cenabast. Una de estas es Johnson y Johnson de Chile S.A., que forma parte de la multinacional estadounidense y aparece como único proveedor de los antipsicóticos inyectables haloperidol 50 mg y risperidona de 37,5 mg, con acuerdos por un valor de USD 4,9 millones en los últimos cinco años.

La misma situación se detectó con Novartis Chile S.A., empresa que pertenece al laboratorio homónimo que opera en Suiza, y que se adjudicó cuatro licitaciones y una renovación contractual para abastecer al país del antidepresivo clomipramina por un valor de USD 695.000 en el mismo periodo. Al mismo tiempo, la española Interpharma S.A. ha sido la única proveedora del comprimido lamotrigina de 100 mg, un antiepiléptico y estabilizador del ánimo indicado para el trastorno bipolar, esquizofrenia y depresión. Esto pese a que en el registro sanitario aparecen varios proveedores con capacidad de distribuir el producto.

Las fuentes entrevistadas por la Red Palta coinciden en que una de las razones para el reducido círculo de proveedores son las altas exigencias para que nuevos laboratorios entren al mercado, como los procedimientos de registro y de certificación de bioequivalencias. Jorge Cienfuegos Silva, presidente regional de Santiago de Chile del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos, advierte que a ello se suma la escasa producción nacional. "Tener el registro sanitario no implica que los laboratorios vendan el producto. Ellos operan con criterio comercial, si el medicamento no es rentable lo sacan del mercado”, añadió.

Tras la revisión de los contratos, la Red Palta también identificó ocho grupos farmacéuticos que consiguieron concentrar el 60% de las ventas de psicofármacos que licitó la Cenabast. Uno de ellos es la multinacional estadounidense Abbott, dueña de cinco empresas que se adjudicaron contratos de medicamentos para la salud mental. Estos son Laboratorios Recalcine S.A (Chile), Abbott Laboratories de Chile Ltd, Laboratorios Lafi Ltd, Recben Farmacéutica Ltda. y Esprit de Vie S.A.

Entre 2017 y 2021, las filiales de Abbott monopolizaron la venta de ácido valproico de 250 mg en jarabe, un estabilizador del ánimo para el tratamiento del trastorno bipolar e indicado como anticonvulsivo para casos de epilepsia. Las compras se consiguieron a través de tres tratos directos, uno por renovación y dos justificados bajo el fundamento de que existe un solo proveedor. En 2020, por ejemplo, los únicos postores fueron Recben Farmacéutica y Laboratorios Recalcine, miembros de este conglomerado, y ambos ofertaron el mismo precio.

Otra versión del ácido valproico (comprimidos de 250 mg) se concentró en el grupo Grünenthal Chilena Ltda, del que forman parte Laboratorios Silesia, Novofarma Service, Andrómaco y Farma Storage, subsidiarias que ganaron las cuatro licitaciones convocadas en los últimos cinco años. La concentración también se detectó con la farmacéutica india Alkem Laboratories, que entre 2016 y 2021 se adjudicó la venta del antipsicótico olanzapina 10 mg, a través de sus empresas Ascend Laboratories SPA y Pharma Network SPA.

El investigador José Mora explica que la legislación en compras públicas de Chile no permite discriminar cuando se presentan dos competidores de un mismo grupo farmacéutico, y el Estado tampoco tiene las herramientas para detectarlo. En cuanto a las consecuencias que provocan este tipo de prácticas en los usuarios, Mora enfatiza en que se genera una menor cobertura. “Si yo no obtengo el mejor precio significa que compro menos de lo que podría (...). Si disminuye la cantidad, disminuye la cobertura a la cual puedo llegar”, detalla.

Julio Peña Torres, investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, añade que la concentración es una característica de la industria farmacéutica global. “Es reconocido en la literatura económica que parte de la estrategia que ocupan los laboratorios es que, teniendo productos innovadores [con patente comercial], van a países como Chile porque tienen más libertad sin regulación de precios”, señaló.

La Red Palta solicitó entrevistas con las empresas aludidas. Sanderson e Interpharma recibieron solicitudes por correo que fueron confirmadas vía telefónica, sin embargo hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta. Solo en el caso de Johnson y Johnson no se logró establecer contacto directo con la empresa. Grünenthal y Abbott, por su parte, respondieron, de manera escueta, que participaron de las licitaciones respetando la normativa vigente. Desde Novartis, en paralelo, consideraron que no son los más indicados para referirse a procesos que corresponden a instituciones dependientes de la autoridad sanitaria.

Perú: contratos directos por excepción y precios elevados

En Perú, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), del Minsa, es el principal encargado de adquirir los medicamentos para la salud mental que se distribuyen en los establecimientos públicos. Entre 2017 y 2021 dicha entidad realizó nueve compras corporativas que derivaron en 5.930 contratos para proveer al país de psicofármacos, valorados en USD 12,7 millones. Los ganadores de estos procesos fueron 14 empresas, pese a que 61 cuentan con registros sanitarios para comercializar estos productos.

La Red Palta revisó el detalle de estas compras corporativas y encontró que 3.831 contratos (64% del total) que sirvieron para adquirir 19 tipos de medicamentos se entregaron sin competencia de postores, por un total de USD 9,1 millones. De todos ellos, 10 productos recetados para la esquizofrenia, ansiedad, psicosis y trastorno bipolar mantuvieron ese estatus los cinco años analizados. Algunos productos generaron mayor interés y tuvieron pluralidad de postores, pero en la mayoría se presentaron pocas o solo una empresa.

En este periodo, las dos empresas que facturaron más sin tener que competir por ello fueron Droguería Sagitario, que concentró las ventas de hidroxicloroquina durante la primera etapa de la pandemia, y Laboratorios AC Farma S.A. Ambas compañías mantienen una alianza en la que la primera se encarga de distribuir los medicamentos que la segunda fabrica o importa, y en conjunto lograron USD 4,9 millones con las ventas de psicofármacos.

El experto en contrataciones públicas Óscar Llamosas Luque señala que la limitada distribución de postores es definida por el propio mercado, sobre todo teniendo en cuenta que la demanda de fármacos para la salud mental es menor respecto a otros tratamientos. Según dijo, a los grandes laboratorios no les resulta rentable firmar contratos directamente con los hospitales regionales o pequeños centros de salud.

Su principal interés —añadió— es la compra corporativa nacional, aunque este proceso puede tardar hasta ocho meses desde que el hospital manifiesta la necesidad del producto. “Para estas farmacéuticas es rentable tener un distribuidor fijo, a fin de recibir un solo pago en lugar de hacer tratos directos con cada entidad solicitante”.

La mayoría de los contratos sin pluralidad de postores se realizó por subasta inversa electrónica (3.655), un mecanismo creado para promover la puja de precios hasta llegar a la oferta más económica y que, según la normativa del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), se declara desierto cuando no cuenta con al menos dos ofertas válidas. Sin embargo, la Red Palta confirmó que esto no ocurrió en el periodo analizado e, incluso, se concretaron ventas por montos muy superiores al precio referencial.

Por ejemplo, en la subasta inversa electrónica 021-2018-Cenares/Minsa la central de compras estatal había estimado desembolsar USD 11.515 por 877.000 tabletas del sedante diazepam 10 mg., pero el único postor fue Medifarma S.A., laboratorio del Grupo Picasso Candamo, quien cuadriplicó la oferta a USD 42.284, y aún así consiguió el contrato. Lo mismo sucedió con 682.000 tabletas del sedante zolpidem 10 mg, recetado para casos de ansiedad y trastornos del sueño, y que debía adjudicarse a USD 28.665. El único interesado fue Laboratorios AC Farma S.A., pero presentó una propuesta de USD 103.412. Los centros de salud que lo necesitaban indicaron que no tenían el dinero para cubrir la diferencia y la compra fue declarada desierta.

A pesar de ello, estos contratos se suscribieron al amparo de la Ley 30680, que de manera excepcional autorizó al Cenares a aprobar subastas inversas electrónicas “con solo una oferta válida”. La mayor parte de los contratos analizados (2.409) se convocaron hasta el último día que estuvo vigente la excepción, el 31 de diciembre de 2018. Consultado al respecto, el Cenares sostuvo que si no aplicaban la norma corrían el riesgo de afectar el abastecimiento de estos productos.

{{< figure class="max-w-lg mx-auto" src="/images/negocios-salud-mental/imagen-2.png" caption="PERÚ. Entre 2017 y 2021, el Cenares realizó nueve compras corporativas que derivaron en 5390 contratos, valorados en USD 12,7 millones. Ilustración: OjoPúblico / Claudia Calderón" >}}

La entidad adscrita al Minsa señaló que existen varias empresas y droguerías habilitadas para participar en los procesos, pero optan por comercializar sus productos en el sector privado. “Desde el 2019 no existe una norma que permita aprobar estos procedimientos con una sola oferta válida. En ese sentido, varios productos se declararon desiertos y pudieron ser adjudicados recién en un tercer intento, y a través de una adjudicación simplificada, la cual no exige dos propuestas válidas”, respondieron por escrito.

El 31 de diciembre de 2019, cuando ya no regía la excepción, se convocó otra subasta inversa electrónica, pero debido a las restricciones de la pandemia algunas empresas desistieron de firmar los contratos. Entonces, Cenares tuvo que convocar a los postores que quedaron en segundo lugar y contratarlos de manera directa, incluso a un costo mayor al previsto en el precio referencial. La entidad sostiene que ello puede deberse a que este monto fue fijado en base a información de proveedores que, al final, no participaron en los procesos.

Una de las reemplazantes es la distribuidora Meow Services S.A.C., que había ganado la venta del antidepresivo sertralina 50 mg y quedado en segundo lugar en la adjudicación del antipsicótico risperidona 2 mg. Sin embargo, el 15 de julio de 2020 la empresa le envió una carta al Cenares informando que su laboratorio aliado, Intas Biopharmaceuticals Limited, de la India, no podría cumplir con el despacho de ambos productos debido a que venían “fabricando a un tercio de su capacidad".

Laboratorios AC Farma asumió la entrega de 20 millones de pastillas de sertralina, pero a un precio mayor: de USD 384.680 a USD 473.024. En paralelo, ante la negativa de Meow Services, el proceso que debía abastecer al mercado de 15 millones de tabletas de risperidona para el periodo 2020-2021 fue declarado desierto y se tuvo que tramitar compras con posterioridad. La Red Palta confirmó que, hasta el primer trimestre del 2021, las farmacias públicas limitaron la entrega de blisters o cajas del medicamento a los pacientes, a fin de preservar el stock que quedaba en almacén.

Algo similar ocurrió con el carbonato de litio, indicado para el trastorno bipolar, pues en el mismo periodo no se encontraban existencias en algunos hospitales públicos o en la farmacia del propio Minsa. El detalle de los contratos revela que Seven Pharma S.A.C., una distribuidora que opera en América Latina, se adjudicó la venta de 1,3 millones de tabletas de carbonato de litio, por un total de USD 121.000. Estas serían distribuidas en 35 establecimientos de salud, pero en noviembre de 2020 la empresa les notificó a algunos que no iba a poder cumplir con el encargo.

Ese fue el caso, por ejemplo, del Hospital María Auxiliadora, ubicado al sur de Lima, y que había requerido 3.000 pastillas de carbonato de litio. Seven Pharma pidió anular el contrato porque su importadora Hetero Labs Limited —la mayor farmacéutica de la India y líder mundial de antirretrovirales— “se encontraba laborando a un 30% de su capacidad por encontrarse en una zona de alta concentración de contagios por la pandemia". El establecimiento de salud aceptó, pues aseguró que tenía reservas del producto en el almacén.

Yuri Cutipé Cárdenas, psiquiatra y titular de la Dirección de Salud Mental del Minsa, explicó que el menor interés de algunos laboratorios por competir en este tipo de compras pone en riesgo los tratamientos que requieren regularidad. “En el área de salud mental es fundamental continuar con el mismo medicamento. Algunos fármacos, como el carbonato de litio no se pueden reemplazar con otro producto sin que el riesgo de recaída sea alto. Además, no todos los compuestos tienen la misma efectividad en cada persona”, añadió.

Cutipé Cárdenas señala que las compras impulsadas por Cenares desde 2016 son el primer esfuerzo para priorizar la salud mental en el Perú. Antes de ello no se podía encontrar psicofármacos en cualquier establecimiento, pues debido al estigma en el sector público, se creía que solo los hospitales psiquiátricos debían suministrarlos. “Con las compras que se hicieron hasta el 2019 se logró mantener el stock de litio. Si hubo restricciones momentáneas fueron por problemas en las cadenas de almacén, pero no se ha dejado de comprar”, sostuvo.

Durante las últimas semanas este equipo periodístico realizó solicitudes de entrevista, por correo electrónico y vía telefónica, a las empresas Drogueria Sagitario, Laboratorios AC Farma, Seven Pharma y Medifarma, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

Guatemala y México: proveedores cuestionados

En Guatemala y México también se detectó una mayoritaria aprobación de contratos de medicamentos para la salud mental por adjudicación directa, sin pluralidad de postores, y en los que se favoreció a un reducido grupo de empresas. Entre estos se encuentran dos de las más grandes firmas del sector farmacéutico que fueron acusadas de malas prácticas corporativas en sus respectivos países.

En el primer caso se trata de Agencia J.I. Cohen, una compañía guatemalteca que se dedica a la distribución de productos farmacéuticos, que el 26 de abril de 2021 fue intervenida por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) como parte de una investigación por defraudación tributaria que impulsa la Fiscalía de Delitos Económicos en ese país. La acusación señala que se detectaron inconsistencias en importaciones de muestras médicas, entre 2014 y 2016, por un valor equivalente a USD 4 millones.

De acuerdo con los datos analizados por la Red Palta, esta empresa consiguió adjudicarse el 34,5% del USD 1’147.655 que invirtió Guatemala para abastecer al país con 46 tipos de psicofármacos, entre 2017 y 2021. Esto por intermedio del Hospital de Salud Mental Federico Mora, que se encarga de estas contrataciones porque cuenta con una mayor asignación presupuestal que otros centros asistenciales. El último acuerdo que suscribió Agencia J.I. Cohen con dicho hospital fue en marzo de 2021, un mes antes de que el ente tributario interviniera sus oficinas.

Este país tiene 34 proveedores habilitados para participar de dichos procesos, pero solo 10 concentraron el 85% de la inversión en el periodo analizado. La que encabeza la lista con la mayor facturación fue, precisamente, Agencia J.I. Cohen, que obtuvo ventas por USD 396.406 con un solo producto: el antiepiléptico y estabilizador del ánimo ácido valproico. Esta compañía ganó siete de las ocho solicitudes de compra que convocó el Estado para el medicamento, y cinco de estas fueron por compra directa.

En Guatemala la modalidad preponderante fue la compra directa con oferta electrónica, un mecanismo utilizado con frecuencia por las entidades de salud porque se concreta en menor tiempo. Entre 2017 y 2021, el Hospital de Salud Mental Federico Mora gestionó 102 compras directas y cinco por cotización, que son similares a un proceso de licitación. La Ley de Contrataciones permite adjudicar bienes sin pluralidad de postores cuando los productos fluctúan entre los USD 1.300 y USD 11.700, lo que ocurrió en estos casos.

La Red Palta buscó conocer la versión del Ministerio de Salud sobre la concentración de proveedores, pero el coordinador de comunicación de la cartera, Boris Barrios, no proporcionó una respuesta hasta el cierre de este reportaje. Las representantes legales de la empresa, cuyo dueño es Jack Irving Cohen Cohen, investigado por financiamiento electoral ilícito durante el mandato del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2016), también fueron contactadas, pero no contestaron.

{{< figure class="max-w-lg mx-auto" src="/images/negocios-salud-mental/imagen-3.png" caption="SIN COMPETENCIA. En México y Guatemala la mayoría de los contratos de medicamentos básicos para la salud mental se aprobaron por adjudicación directa, sin pluralidad de postores.Ilustración: OjoPúblico / Claudia Calderón" >}}

En México, en paralelo, se analizaron los 187 contratos que gestionó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre 2019 y 2022, para adquirir los 16 psicofármacos del Cuadro Básico de Medicamentos que se consideran esenciales para trastornos mentales y afectivos. Aquí, al igual que en los otros países analizados, la compra por adjudicación directa fue mayoritaria (81%), y solo cinco compañías facturaron el 80% de los USD 2’924.296 que se destinaron a estos productos.

La empresa que concentró casi la tercera parte de este monto (USD 851.134) fue Laboratorios Pisa S.A., la principal farmacéutica del país, que en 2010 fue sancionada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de México por coludirse con otros cinco laboratorios con el fin de eliminar competidores e inflar costos en las licitaciones del IMSS, entre 2003 y 2006. La resolución fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y derivó en una multa equivalente a USD 1,7 millones.

En octubre de 2020, la Secretaría de la Función Pública del gobierno de México volvió a multar a esta farmacéutica por manipular información para conseguir otro contrato con el IMSS, y la inhabilitó para contratar con el Estado. La sanción se dictó por 30 meses, pero la empresa —de la familia Álvarez Bermejillo, considerada uno de los principales grupos de proveedores de medicamentos en el país— presentó un recurso de nulidad y, en abril de 2021, la misma secretaría levantó la sanción.

Luego de Laboratorios Pisa, la segunda empresa que concentró las ventas de medicamentos para la salud mental en México es Prefarma S.A de C.V., que forma parte de su grupo económico. La Red Palta solicitó entrevista con el departamento de comunicación de Laboratorios Pisa y con las autoridades en materia de salud y gasto público, en al menos tres ocasiones. Sin embargo, no respondieron hasta el cierre de esta edición.

Uruguay: concentración en las autorizaciones de venta

En Uruguay, el análisis de las compras públicas se enfocó en los 10 principales fármacos para la salud mental que se gestionaron entre marzo de 2020 y mayo de 2022 a través de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (RUPE), y que están considerados en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) del Ministerio de Salud Pública. Se trata de los ansiolíticos midazolam, alprazolam, diazepam, clonazepam; los antipsicóticos haloperidol, quetiapina, risperidona y clozapina; y los antidepresivos fluoxetina y sertralina.

En total se destinaron USD 1’037.400 de fondos estatales para adquirir estos medicamentos. Pero lo que llama la atención es la cantidad de autorizaciones que han acumulado las empresas ganadoras para obtener el mayor número de contratos. De acuerdo con la información revisada por la Red Palta, la empresa que consiguió la mayor facturación es Megalabs Uruguay S.A (USD 484.413), que cuenta con 13 registros para comercializar psicofármacos en el país, seis de los cuales son los más solicitados.

Esta compañía, antes conocida como Mega Pharma, es una multinacional uruguaya que opera en 18 países. Su presencia en el mercado solo es superada por su subsidiaria: Laboratorio Celsius, que concentra permisos para vender 20 tipos de medicamentos en Uruguay; y por Eurofarma, que pertenece a la multinacional brasileña del mismo nombre y tiene capacidad para proveer al Estado de 17 productos para la salud mental.

Luego de Laboratorio Celsius, Eurofarma y Megalabs, aparece Szabo. La empresa tiene más de 60 años de experiencia en el mercado de medicamentos uruguayo y se encuentra habilitada para proveer nueve de los principales medicamentos del rubro. En la lista también está el laboratorio Dorrego, perteneciente a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), con registros para vender siete tipos de ansiolíticos, antipsicóticos y antidepresivos.

En la lista de medicamentos que se adjudicó Megalabs, el más recurrente fue el ansiolítico midazolam, utilizado durante la pandemia en pacientes internados por covid-19. Desde que se decretó la emergencia sanitaria en Uruguay, el 13 de marzo de 2020, y hasta un mes después que estuvo vigente, este laboratorio se adjudicó 32 pedidos de compra del medicamento por un total de USD 430.600. Las ventas se hicieron a través de su subsidiaria Laboratorios Roemmers y de las filiales de la estadounidense Abbott y el conglomerado suizo Roche, con quienes tiene acuerdos de distribución.

La Red Palta intentó comunicarse con la dirección del Departamento de Medicamentos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y con las empresas aludidas en este reportaje para, entre otras cosas, conocer el motivo de la concentración de compras y autorizaciones, pero no tuvo éxito.